Un grupo de 100 altos funcionarios del gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, ha firmado un compromiso ético que promueve la transparencia y la buena administración, además de manifestar su rechazo a la corrupción. Este acuerdo, formalizado el pasado 23 de agosto y divulgado recientemente en la prensa nacional, se fundamenta en la necesidad de hacer cumplir las leyes del país en materia de ética y transparencia.
El documento incluye diez compromisos clave que los funcionarios se han comprometido a seguir. Uno de los puntos más destacados es la prevención de actos de corrupción, para lo cual se establece la figura de los Oficiales de Cumplimiento de Compras Públicas y las Comisiones de Integridad Gubernamental. También se incluye la protección de denunciantes y testigos que informen sobre comportamientos que vayan en contra de los principios éticos.
Además, los funcionarios se han comprometido a cumplir con la Ley 311-14, que regula la Declaración Jurada de Patrimonio, y a asegurar el cumplimiento de la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública. Este compromiso implica actuar con respeto hacia el personal bajo su dirección y fomentar el fortalecimiento de la ética en el ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto importante del acuerdo es la promesa de priorizar el interés general sobre los intereses personales, partidarios o familiares, evitando cualquier conflicto de interés. Por último, los funcionarios se comprometieron a luchar decididamente contra la corrupción administrativa y a informar a las autoridades competentes sobre cualquier acto que atente contra los bienes del Estado.
Este compromiso ético busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus líderes y garantizar una gestión pública más transparente y responsable.
