En los últimos meses, la República Dominicana ha sido testigo de un preocupante aumento en los casos de abuso sexual contra menores de edad, perpetrados frecuentemente por familiares cercanos. Esta alarmante realidad ha llevado a la emisión de múltiples condenas en varias provincias del país, reflejando una problemática que se ha arraigado en diversos estratos sociales.
Un viejo refrán popular reza: “En la confianza está el peligro”, y parece cobrar vida en estos lamentables sucesos. Los agresores utilizan tácticas de manipulación y coerción, amenazando a sus víctimas y a sus familias para que guarden silencio sobre los abusos sufridos. Así lo evidencian los recientes fallos judiciales que han salido a la luz.
El 10 de marzo de 2025, el Tribunal Colegiado de Hato Mayor dictó una condena de 10 años de prisión a dos hombres. Uno de ellos fue hallado culpable de violar a su hija de 12 años, quien quedó embarazada como resultado de la agresión. El otro condenado fue sentenciado por abuso sexual agravado hacia su hijastra de 10 años, a quien tocaba inapropiadamente y contagió de una enfermedad de transmisión sexual.
Otro caso impactante ocurrió en la provincia de María Trinidad Sánchez, donde un hombre fue condenado a 20 años de prisión por obligar a su sobrina de 13 años a mantener relaciones sexuales bajo amenazas. Este abuso se cometía en la vivienda familiar, en horas de la madrugada, cuando todos dormían.
Asimismo, en febrero, un tribunal de Montecristi sentenció a 20 años de prisión a un hombre que violó a su hijastra de 11 años, dejándola embarazada. Los abusos se realizaban en soledad en la vivienda familiar y en lugares apartados, revelando la vulnerabilidad de las víctimas.
Estos casos no solo reflejan una crisis en la protección de los menores, sino que también subrayan la urgencia de abordar este problema a nivel social y legal. La sociedad dominicana debe unirse para erradicar esta violencia y garantizar un futuro seguro para sus niños.